El secretario de Seguridad Pública estatal, Luis Ángel Cabeza de Vaca, afirmó que los supervisores del transporte serán sometidos a exámenes de control de confianza y todos ellos han sido advertidos que serán castigados si incurren en actos de corrupción.
Luego de que el 30 de diciembre fue detenido por la Policía Ministerial uno de los 33 supervisores por el presunto delito de extorsión en agravio de transportistas de carga, el funcionario estatal afirmó que al igual que el personal operativo de la SSP y de readaptación social todos los supervisores del transporte serán sujetos a evaluaciones.
Indicó que se sostuvieron reuniones con los supervisores para advertirles que no habrá tolerancia a actos de corrupción y que atenten contra la legalidad. “Se tuvo reunión y se les hizo ver la problemática y sobre el concepto en que los tiene el gremio del transporte, pero sobre todo dejamos claro que no vamos a permitir que incurran en extorsiones”, dijo.
Expresó que la próxima semana los supervisores deberán ser sometidos a las pruebas de control de confianza y, como el resto de los examinados, los que resulten reprobados serán dados de baja.
Hasta el momento han sido puestos a disposición de las autoridades correspondientes dos supervisores de transporte que son acusados del presunto delito de extorsión tras intentar cobrar varios miles de pesos a transportistas, a cambio de no aplicarles multas por presuntas irregularidades en su documentación.
Hermetismo en arresto de alcalde Por otra parte, el titular de SSP mantuvo hermetismo sobre la orden de arresto contra el alcalde y síndico municipal de Puente de Ixtla, Víctor Salinas Márquez y Ernesto Navarrete Pichardo, al señalar que por cuestión de respeto y protocolo no podrá hablar sobre el tema, hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo sea notificado sobre el cumplimiento de su solicitud de arresto administrativo.
El pasado 22 de enero la SSP fue notificada por el tribunal sobre la orden para llevar a cabo el arresto del edil y el síndico municipal, pero hasta el momento no ha informado el cumplimiento.
El arresto administrativo fue ordenado por el TCA derivado de la rebeldía de los funcionarios municipales, para cumplir con la sentencia que dictaminó el pago de indemnización por riesgo de trabajo al policía municipal José Luis Leal Oliveros, quien resultó lesionado en septiembre de 2003 tras un enfrentamiento con delincuentes.
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